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Jerarquizar “ni una menos” y las causas del bien común

1197 Marcha ni una menos VFN - Difíciles de interpretar las realidades argentinas. Por un lado, un Papa –argentino- que recibe con sonrisas a quienes combatió –y lo combatieron- mientras solo era cardenal. Por el otro, el reclamo y la manifestación por consignas que cada uno considerará válidas o no pero que se materializa a través de formas que invariablemente complican, dificultan y aminoran o cercenan los derechos de los demás.

¿Quién puede estar a favor de la violencia de género? Seguramente y únicamente los que la ejercen ¿Qué no son pocos? Es cierto, no son pocos. Son muchos más de cuanto las estadísticas revelan.

¿Qué son peligrosos? Sí. Lo prueba la cantidad de homicidios encuadrados dentro de ese tipo de delito.

¿Qué atañe a la sociedad como conjunto, incluido al Estado? Desde ya.

De allí que la consigna “Ni una menos” merece de parte de quienes repudiamos la denominada violencia de género, total e inequívoco apoyo.

Ahora bien, la válida consigna es leída por cada participante –activo o pasivo- de la marcha de distinta manera.

Para algunos se trata de un problema ideológico o de sistema. Entonces se lanzan detrás de “ni una menos” con una visión sesgada. Una interpretación de la violencia de género como una derivación del sistema capitalista, que quedará “automáticamente” abolida cuando triunfe una hipotética revolución que estatice los medios de producción.

Para otros se trata de echar las culpas sobre un modelo histórico de sociedad machista que incluye la sanción penal del aborto.

Para unos terceros, es la posibilidad de retornar a la escena pública y de reivindicar nuevamente, un relato que buena parte del pueblo argentino creyó y apoyó y por el que ahora todos pagamos las consecuencias.

Para muchísimos que no concurrieron a las marchas –aunque apoyen las consignas- se trató de un inconveniente más entre los miles que padecen durante el año, en las más pobladas ciudades del país, debidos a cortes, caos vehicular, desvíos del transporte público o, lisa y sencillamente, y que derivan en disminución de ingresos por pérdidas de ventas.

Y aquí comienzan los interrogantes.

¿No existe en la Argentina otra forma de manifestar públicamente un reclamo, un desacuerdo o un repudio que no sea una movilización de personas que corta o recorre las calles?

Se dirá si no se logra sumar miles de personas, el reclamo no será atendido. Se dirá la movilización crea conciencia. Se argumentará, los medios de comunicación se ocuparán del tema. Y, en alguna medida, todo ello es cierto.

A tal punto es cierto que a las marchas se sumaron personas que detentan cargos en el Estado y que, no hay por qué dudarlo, adhieren sinceramente al “ni una menos”.

No todo es lo mismo

Pero ¿Entonces? El problema está en el sobre abuso del espacio público

¿Sobre abuso por la marcha en distintas ciudades del “ni una menos”? Todo lo contrario.

Sobre abuso generado por la permisividad de parte de los gobernantes, actuales y anteriores, que consideran de igual forma un corte de calle por parte de 10 o 20 personas que se sienten perjudicadas en lo que consideran sus derechos que una movilización de miles de ciudadanos que formulan reclamos que bien pueden ser catalogados como de interés público.

¿Se trata, entonces, del número de “concurrentes”? En una primera lectura, sí.

Cuando miles de personas se manifiestan por las calles, es casi imposible que lo puedan hacer de otra forma que mediante la ocupación del espacio público. Cuando son solo diez o veinte deberían hasta mostrar pudor, en lugar de exposición.

En principio, frente a un número de importancia como el de “ni una menos”, los poderes públicos deben, cuando menos, colaborar con el correcto desarrollo de la marcha.

Cuando por el contrario, se trata de un corte de calle con un ínfimo número de “protestantes”, los poderes públicos deben garantizar la libertad de circulación del resto de los ciudadanos.

Si así ocurriese, los reclamos populares como el de “ni una menos” resultarían de mucho mayor resonancia. Y quienes decidieran movilizarse por una causa considerada como justa, sumarían muchos más.

Claro que no solo cuenta el número. Aún si el número es condición necesaria, no es de por sí suficiente.

Nunca faltan los individuos o los grupos que, escudados detrás de una causa, destruyen propiedad privada o pública. Ahí, no hay número o causa que justifique. Se trata de un delito, y como tal debe ser tratado. Y se trata de un daño, y como tal debe ser reparado.

Luego está la manipulación: el “arrastre” de punteros, caciques, intendentes o quién fuese que compra voluntades sobre la base de la necesidad de los sectores más vulnerables o sobre el temor a la pérdida del empleo subordinado.

Una situación de abuso que se equipara, con salvedad de las distancias y de la gravedad de las consecuencias, con la violencia de género. Es que se trata de abusos como lo es también la corrupción.

Tras la tragedia de la Estación Once, la sociedad tomó conciencia que la corrupción no solo es un delito repudiable, sino que además, mata.

Jueces, Papas y corruptos

Quienes no parecen haber tomado conciencia son buena parte de los jueces que tienen a su cargo las causas.

Ahora se trata de gatopardismo. Investigar e investigar para hacer de cuenta que se actúa y no procesar o no llevar a juicio oral. Se trata de hacer creer que la justicia avanza aunque no avance.

Obviamente, hablamos en primer lugar del juez Sebastián Casanello que, a esta altura del partido, ya no sabe qué hacer para evitar hacer lo que debe hacer que es llevar a juicio oral a Lázaro Báez y establecer la más que evidente relación –para todo el mundo, salvo para él- entre los Báez y los Kirchner.

Y Casanello, que hace varios años investiga –sin llevar a juicio a nadie, claro- la causa conocida como la “ruta del dinero K”, “denunció” que resulta imposible avanzar cuando se trata de narcotráfico, trata o corrupción porque… “los bancos internacionales no suministran información”.

Encontró un relato anti imperialista y anti capitalista para justificar el apelativo de “tortuga” al que se hizo acreedor luego de tres años de “investigación” sobre la ruta del dinero K que aún, ni siquiera, rozó a los Kirchner.

No lo dijo en cualquier parte. Lo hizo en el Vaticano. Ante una audiencia “calificada” de jueces de distintos países y ante el Papa Francisco.

A esta altura del partido ya nadie puede llamarse a engaño: el Papa Francisco convocó el encuentro “internacional” para disfrazar su intención de “congregar” a jueces argentinos.

No se trató de jueces pertenecientes a fueros civiles, comerciales o laborales, sino a jueces federales –entre ellos Casanello- y al presidente de Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El Papa emitió otro de sus mensajes cada día más ambiguo. “Yo sé que ustedes sufren presiones, sufren amenazas y sé que hoy ser juez, ser fiscal, es arriesgar el pellejo”.

¿Qué quiso decir con el “hoy”? ¿Qué el gobierno de Macri presiona? ¿Qué lo hace a través de la católica practicante diputada Elisa Carrió? ¿Anticipa un futuro cuestionamiento a cualquier juez que condene a un K ya sea Cristina o Máximo Kirchner, a Julio De Vido, a Milagro Sala, o a Hebe de Bonafini, sus nuevas protegidas?

En todo caso ¿Qué pretende el Papa? Es válido, aunque no suficiente, recordar que se trata de un jefe de Estado extranjero. Pero, así como es cierto que Benedicto XVI nunca se inmiscuyó en la política alemana, también es verdadero que Juan Pablo II fue uno de los artífices de la caída del comunismo en Polonia.

El ex cardenal Bergoglio es el jefe de una organización universal como lo es la Iglesia Católica que no es una organización democrática, sino jerárquica y verticalista. No obstante son muchos los católicos del mundo, en general, y de la Argentina, en particular, que no sienten una sujeción a esa verticalidad

Hoy la Iglesia Católica, si pretende recuperar ascendiente, debe mostrarse como una reserva moral, no como una vertiente populista. No es lo mismo. No se es bueno porque se es pobre, ni se es malo porque la pertenencia a los sectores medios de una sociedad. Dichos estereotipos no solucionan la pobreza como lo demostró el fracaso de las ideologías que planteaban la lucha de clases.

Mientras tanto, todos los días aparecen nuevos casos de corrupción que, por fin, el gobierno decidió dar a conocer.

La lista de “beneficiarios” abarca a la mujer de Máximo Kirchner; a la nuera de Julio De Vido; a la madre del subjefe camporista Andrés “Cuervo” Larroque; a la infaltable hermana Alicia Kirchner. Es que, claro, la caridad empieza por casa.

Sindicalismo y economía

No por esperada, la gran novedad de la semana política dejó de ser la unidad sindical entre las tres centrales obreras que representan a los gremios que agrupan a los distintos sindicatos vinculados con la actividad privada, más algunos viejas organizaciones de estatales como el gremio de municipales porteños.

Así, el próximo 22 de agosto, de no ocurrir nada en contrario, el fraccionamiento quedará superado. Los gremialistas que responden a Hugo Moyano, los que se acercaron demasiado al kirchnerismo nucleados en torno al metalúrgico Antonio Caló y los de los gremios que se encolumnaron tras el gastronómico Luis Barrionuevo, volverán a sesionar en conjunto en el tradicional edificio de la esquina de Azopardo e Independencia en Buenos Aires.

Del otro lado queda la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en sus dos vertientes: la combativa de Pablo Miceli y la kirchnerista de Hugo Yaski.

La división no es antojadiza. En la Argentina, los gremios de la actividad privada deben, necesariamente, apostar a la reactivación económica. Si ello ocurre, crecen en afiliados, caso contrario, se debilitan.

Para los sindicatos públicos, al menos para su comportamiento habitual, todo lo contrario. NI producción, ni productividad ingresa en su lenguaje cotidiano. Y cualquier despido, aun los más justificados siempre son presentados como “persecución política”.

Mientras tanto, la economía muestra alguna señal de mejoría como un descenso de la inflación para mayo con un guarismo esperable de un 4,2 por ciento, algo más de dos puntos menos que en abril.

Para el actual junio, el estudio de Bein Asociados postula un incremento del 2 por ciento. Sin dudas, mejor pero vinculado a una recesión de la economía que aún en los cálculos más optimistas recién finalizará en los dos últimos meses del año.

De momento, la cotización del dólar no acompaña la variación de precios internos. Ya no solo se mantiene estable, sino que por el contrario desciende y revaloriza al peso.

¿Es un indicador de confianza? Sí y no. Sí, porque nadie se precipita para comprar moneda norteamericana, señal de un convencimiento sobre la esperada mejoría productiva para fines del año en curso.

No, porque en dicha caída influyen el ingreso de divisas por las exportaciones de soja, cuya cosecha aún no está terminada debido a las inclemencias climáticas; el incremento del precio internacional de la propia soja y de los demás granos –en el caso de la soja ronda los 420 dólares por tonelada frente a los 330 de principios de año- que lleva a vender y no a retener; y las altas tasas de interés que mantiene el Banco Central.

El futuro blanqueo de capitales que trata actualmente el Congreso de la Nación, en caso de resultar exitoso, colaborará para aletargar aún más a la cotización del dólar.

Aún correrá demasiada agua por debajo del puente, hasta que la ley sea aprobada. Y no parece mal que así ocurra.

Acogerse a un blanqueo es un privilegio que la sociedad otorga a los evasores, aún si, como en este caso, está vinculado a un fin loable como la devolución de sus derechos a los jubilados, pisoteados por el kirchnerismo que llegó hasta incumplir los fallos judiciales que favorecían a los mayores.

Hace falta contar con los reaseguros suficientes para evitar que al blanqueo ingresen capitales provenientes del crimen organizado y de la corrupción. De allí que la decisión del gobierno de rectificar el proyecto original que no contemplaba como excepción a los funcionarios y, en particular, a los ex funcionarios, haya sido la correcta.

En este caso se trató de un cambio oportuno. Es decir no puede ser contabilizado como otro reconocimiento válido de las equivocaciones –tarifas- que luego se rectifican. Mejor rectificar que no hacerlo, pero mejor aún no equivocarse demasiado seguido.

En fin, ¿Quién iba a decirlo? Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente de la República, devuelve a los jubilados aquello que el “progresismo” de Cristina Kirchner les quitó.

Luis Domenianni               

               

               

                

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