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La UCR quiere restituir la responsabilidad de los funcionarios

Mendoza - El radicalismo provincial impulsa un proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado provincial que contempla el cobro de indemnizaciones contra funcionarios cuyas acciones le provoquen daño al Estado provincial por el pago de indemnizaciones a terceros perjudicados, que toma distancia de la norma nacional aprobada en el Congreso hace dos semanas.

“La iniciativa contempla que el Estado pueda repetir contra un funcionario la acción judicial que haya derivado en el pago de una indemnización”, adelanta el senador provincial Juan Carlos Jaliff.

Este legislador viene trabajando el tema a nivel provincial desde la media sanción de la ley nacional, que -el considera “inconstitucional”- junto a su par Raúl Ferrer, cercano a la senadora nacional, Laura Montero. “Además incluye la figura del error judicial”, agrega Jaliff, con referencia al pago de una indemnización por una condena judicial a un inocente, por deficiencias en la investigación.

“El trabajo proyectado tiene una diferenciación sustancial con la ley nacional, porque atribuye responsabilidad pública cuando el daño lo causen sus contratistas o concesionarios al entender que el Estado delega una función pero no su responsabilidad, como así tampoco su actividad judicial legítima, respetando así la doctrina y jurisprudencia nacional más reciente”, subraya un comunicado de prensa enviado desde la Fundación Ideal que dirige Montero.

Hace dos semanas el Senado de la Nación dio aprobación definitiva por 38 votos del Frente para la Victoria y sus aliados contra 23 de la UCR y demás partidos de oposición, a una ley que establece que “la responsabilidad del Estado es objetiva y directa”.

Esto resguarda al Estado de pagar “lucro cesante” en acciones civiles por accidentes en servicios públicos concesionados y limita la indemnización pública al daño emergente y al daño moral. La ley nacional establece también que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”, lo que colisiona con el proyecto provincial del radicalismo que se apoya expresamente en el Código Civil.

Finalmente la ley aprobada por el Congreso establece que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”, con lo que se cae la aplicación de multas por demoras en el cumplimiento de decisiones judiciales, lo que también es rechazado por el radicalismo.

La ley nacional “exime de responsabilidad al Estado” por “los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y “cuando el daño se produzca por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder”.

La norma aprobada ha sido cuestionada a nivel nacional por el radicalismo y por familiares de víctimas de tragedias como las de Once o Cromagnon. El senador Ernesto Sanz -presidente del comité nacional de la UCR- opina que la ley “terminará lesionando al principal beneficiario que es el ciudadano, a quien se le dan menos herramientas para que litigue contra el Estado”.

La norma provincial que prepara la UCR, permite a un particular damnificado accionar contra el Estado por un daño provocado por una empresa concesionaria de un servicio público, como por ejemplo Edemsa.

“Estamos finalizando un proceso de armado y elaboración de una norma seria y equilibrada que no perjudique al ciudadano y al mismo tiempo evite avivadas contra el Estado”, manifiesta Ferrer.

Legisladores y equipos técnicos se han venido reuniendo en los últimos días para evaluar el momento de la presentación del proyecto final del radicalismo. Se estima que será en los próximos días una vez que queden cerradas las diferencias con el gobierno en materia de presupuesto.
Fuente: agencias/www.visionfederal.com

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