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El kirchnerismo busca intervenir la justicia correntina

Corrientes - La administración Kirchner quiere intervenir la justicia de la provincia para levantar el procesamiento judicial del intendente de la Capital, Carlos Mauricio Espínola, que le impide ser candidato, impulsado por La Campora, a gobernador en septiembre. El Gobierno teme perder ante el actual gobernador radical Ricardo Colombi, que buscará su reelección.

De muy buena aceptación en la ciudad más importante de la provincia, Espínola es la esperanza de Cristina Kirchner para las elecciones del 15 de septiembre, cuando aspira a un triunfo en la gobernación que llegue justo en el medio de las primarias y las generales.

La estrategia que parecía perfecta se complicó porque la justicia correntina lo procesó por la muerte de ocho obreros en un derrumbe producido en un edificio en construcción del centro de la capital correntina el 22 de marzo de 2012. La justicia comprobó que la obra estaba excedida en la cantidad de pisos autorizados y había sido clausurado.

Espínola fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, estrago culposo agravado por el peligro y el resultado de muerte y por homicidio culposo por ser más de una las víctimas fatales.

Es que la Constitución provincial impide que haya candidatos con procesos pendientes, restricción que ni siquiera está presente en la carta magna nacional.

Acorralado, Espínola recorrió la semana pasada las principales oficinas de la Casa Rosada y el Congreso, donde junto a los camporistas Eduardo “Wado” De Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque decidieron avanzar contra la justicia correntina antes que sea demasiado tarde.

La herramienta que usaron fue un proyecto de ley presentado en diciembre en el Senado por legislador, ex – radical, José María Roldán para intervenir la justicia de Corrientes,
y que justificó su pedido "para garantizar la forma republicana de gobierno y la administración de Justicia", y pide que el Ejecutivo nacional designe al interventor con atribuciones de remover a los magistrados, funcionarios y empleados, disponer subrogancias y designar conjueces.

El expediente del pedido de intervención del Poder Judicial tiene 22 folios, expone supuestas irregularidades desde 2008 y los principales acusados son el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Carlos Rubín, el ministro del STJ Carlos Codello, y al fiscal general, César Sotelo.
Fuente: agencias/www.visionfederal.com

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