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"Trump obliga a curarse en salud", la sociedad es responsable de a quién elige

1350 turmp salon ovalVFN - Donald John Trump, 70 años, es ya el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos de América. Lo es, a partir del viernes 20 de enero. Pero no lo es para millones de “disconformes” con su estilo, con sus dichos y con la orientación que “imprimirá” a su gobierno. La cuestión plantea un dilema que aparece como diseminado por el mundo: la validez de una elección presidencial.

El de Trump es solo un eslabón más en esta cadena de cuestionamientos a la legitimidad de un mandato o de una elección por parte de quienes perdieron. Son muchas las categorías que incluyen a quienes rechazan la soberanía de la voluntad popular para ejercer un mandato conforme a la ley.

La primera de esas categorías incluye, claro, a quienes descreen de la democracia como mecanismo para elegir a los gobernantes.

Antiguamente se trataba de la nobleza, del clero y de los monárquicos en general. Luego fueron fascistas y comunistas. Hoy son aquellos que se auto titulan revolucionarios. En definitiva son todos elitistas que aspiran a perpetuarse, con absoluto desprecio por la voluntad ciudadana.

Siempre están los gobernantes que, bajo cualquier pretexto ideológico, pugnan por mantenerse en el poder mediante fraudes, pre o post electorales, y artimañas de todo tipo. Sobran ejemplos en América Latina, en África y en Asia.

En la primera categoría ingresan los regímenes de Cuba, China, Corea del Norte o Vietnam. En la segunda, forman parte de la lista los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Turquía o Egipto. La novedad no debe buscarse allí, sino en el cuestionamiento frente a la decisión popular. Es la protesta de la que se desprende, con variada intensidad, un ánimo de destitución. Tal vez, escaso o casi nulo, dada su tradición democrática, en los Estados Unidos. Seguramente, muy presente en la Argentina, en virtud de la tradición opuesta.

No se trata de imaginar golpes de Estado, allí donde no los hay. Pero ¿Cuál es el sentido de la protesta en Estados Unidos y en algunas ciudades del mundo contra Donald Trump? No lleva aún dos días completos de mandato. Prácticamente aún no tomó ninguna decisión.

¿Cómo debe interpretarse de aquí en más un resultado electoral? ¿Válido y legítimo solo cuando es acorde con mi propia interpretación o preferencia? ¿Inválido e ilegítimo cuando gana aquel que no me gusta o no voté?

Desde estas columnas dijimos cientos de veces que cualquier acto de gobierno es legítimo mientras no contradiga la Constitución y las leyes ¿Qué hizo Trump en contrario? Hasta aquí, nada.

No resulta sencillo de imaginar que lo haga en el futuro en un país como los Estados Unidos. El presidente número 37 de aquel país quebró las leyes y debió irse por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Fue Richard Nixon con el espionaje ilegal al cuartel demócrata en el edificio Watergate.

El tema presenta un ribete local. El innegable acoso al gobierno del presidente Mauricio Macri por algunos sectores identificados a medias con el peronismo y la izquierda, unidos bajo el nombre de kirchnerismo. No es del caso extenderse más sobre la cuestión salvo para hablar de un rasgo común a todas estas solapadas intentonas: el uso del apelativo “pueblo”.

Concepto difuso si los hay, por lo general –no siempre- “pueblo” –salvo en su acepción geográfica- abarca a la totalidad de la población dentro de las fronteras de un Estado.

No obstante, en la búsqueda de una identificación dudosa, el populismo siempre identificó al pueblo como propio. Dejó para el resto la categoría –aún si ya no se usa- de anti pueblo u oligarquía. No importa si las urnas reflejaron o reflejan lo contrario. Para los populistas, el “pueblo” siempre está del lado de ellos y ellos lo representan por “derecho divino” o algo así.

Populista o no. De extrema derecha o no. Proteccionista o no. Belicoso o no. Donald John Trump es, legal y legítimamente, el presidente número 45 de la historia de los Estados Unidos. Guste o no guste. Y deberá serlo hasta que las urnas indiquen lo contrario o que viole la Constitución y las leyes.

El efecto

Es posible, y hasta probable, que con el presidente Trump, el mercado de capitales sufra una merma que implique un crecimiento de las tasas de interés. En particular, las emisiones de bonos de deuda. Seguramente por ello, el nuevo ministro de Finanzas, Luis Caputo, se apresuró a colocar deuda para cubrir buena parte de las necesidades de financiamiento externo del Estado Nacional. Y lo logró. Algo que habla bien de su gestión y también indica que, al menos de momento, la restricción vaticinada aún no se produjo.

Caputo colocó bonos por 7 mil millones de deuda a una tasa algo superior al 6 por ciento anual, aún alta. Sumados a los 6 mil millones de préstamo acordados con un consorcio de 6 bancos, hacen un total de 13 mil millones que equivalen al 70 por ciento de las necesidades de financiamiento externo.

El 30 por ciento restante será colocado en el transcurso del año ¿Cuál es la esperanza de Caputo, compartida por el gobierno? Que bajen las tasas. Parece una contradicción pero no lo es. Sí, que bajen para la Argentina, en un contexto general de subas.

Es que la Argentina, si bien ya no paga sobreprecios exorbitantes como en épocas kirchneristas cuando colocó títulos en Venezuela al 16 por ciento anual, aún debe bajar el denominado riesgo país que no es otra cosa que una sobretasa cuyo guarismo variable es fijado por las calificadoras de riesgo.

Y aquí prevalece la cuestión de las cuentas públicas. Si bien ningún prestamista exige el abandono del gradualismo, todos preguntan sobre el eventual cumplimiento de las metas fiscales para el año que acaba de comenzar.

Inflación a la baja, crecimiento económico del 3,5 por ciento, paritarias, conforman un tridente cuyos resultados, si son positivos, pueden determinar una caída importante del riesgo país y, así, reducir la tasa de interés que la Argentina paga

Más allá de las buenas intenciones de los funcionarios negociadores, la desconfianza externa radica en dos hechos: el período electoral y la actitud de la oposición. Son incógnitas que están presentes en cualquier encuentro. En la city neoyorquina y en Davos, Suiza.

La política del gobierno nacional en la materia tiende, al menos esa es la intención, en reducir la dependencia de los mercados externos e incrementar el financiamiento a través del mercado interno. En tal sentido, cuenta con dos esperanzas de futuro: las inversiones extranjeras en Vaca Muerta y la incorporación de fondos provenientes del blanqueo.

Y Davos ¿Cómo fue? Fue bien, pero no alcanza.

No alcanza porque despropósitos y corrupción del kirchnerismo no se olvidan de un día para el otro. Después de todo, a los k, los votó, en su momento, la mayoría del pueblo argentino, seducido por su discurso facilista que llevó al desastre.

Davos puede ser un puntapié fenomenal para la Argentina, pero recién en el 2018. Y eso siempre y cuando Argentina cumpla las metas propuestas. Mientras tanto, calidez, buen trato y no mucho más. Pero, tampoco menos.

Por casa

En esto de mostrar buen trabajo, se inscribe la reciente preocupación del gobierno argentino para mejorar la productividad en el país. No es de la noche a la mañana que se logra. Menos aún en un país donde la palabra productividad casi nunca es tenida en cuenta. Y donde el Estado, el empleo público, consiste en una demostración constante y sonante de lo opuesto.

Con todo, al acuerdo firmado con el sindicato de petroleros, se suma la reciente decisión de emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar el régimen de las Aseguradores de Riesgo del Trabajo (ART), medida que tiende a desactivar la llamada “industria del juicio” en materia laboral.

Son muchas las medidas que están en danza –la de las ART ya tiene sanción de Diputados pero todo indica que se utilizará un DNU para plasmarla- como el retorno de las pasantías para los jóvenes, las subvenciones para quienes regularicen personal, la contemplación de la productividad en las paritarias pero, sobre todo, la modificación de los convenios colectivos de trabajo.

Es un punto central para lograr inversiones en un mundo de feroz competencia, más aún con las restricciones que pueda imponer el presidente Trump.

De allí que cuanto ocurrió con petroleros –aunque aún no hay nada firmado- quiera ser trasvasado al sector metalmecánico, automotriz y de maquinarias agrícolas.

En síntesis, se trata de flexibilización laboral –algunos la califican de precarización- para dar respuesta a un país que hace rato que no crea empleo genuino, es decir privado, que brinda asistencialismo a casi un tercio de su población y que mantiene un desempleo encubierto mediante un desproporcionado plantel laboral en los diferentes niveles del Estado

Claro que no todo comienza y acaba con las intenciones. Otros signos deben tenerse en cuenta para decidir sobre una inversión en la Argentina.

Por ejemplo, hoy no alcanza con hablar con un ministro del área económica. Es necesario pero es insuficiente. Con los despidos de Alfonso Prat-Gay y de Carlos Melconian bajo el argumento de la alineación -¿verticalismo?- con la cúpula gubernamental, se hace necesario manejar un diálogo con el jefe o los vicejefes de gabinete.

Es que si bien, al presidente le asiste todo el derecho del mundo de cambiar sus colaboradores, los casos de Prat-Gay y de Melconian no responden a un mal desempeño de funciones, ni a conductas reprochables.

Quizás todo lo contrario. Se debe a sus personalidades. A Prat-Gay no lo echaron por gradualista y a Melconian por lo contrario. Ambos fueron despedidos por expresar sus disidencias con el gobierno de manera cuasi pública. Por sus gestos de autosuficiencia.

Los espacios se abrieron para dos economistas pertenecientes a la Unión Cívica Radical ¿Fue producto de una decisión de mayor apertura dentro de Cambiemos? No parece. Aunque no resulte descartable algún tipo de influencia de la parte del ex senador Ernesto Sanz, el amigo radical del presidente Macri.

Campañas

De momento y pese al optimismo que suele desplegar el gobierno, no parece que el triunfo en octubre próximo esté asegurado para el oficialismo.

Cierto es que se cifran muchas esperanzas en una recuperación económica –al menos en signos de reactivación- junto a la dispersión del peronismo y el desprestigio del kirchnerismo. Pero, mientras tanto se busca no dejar librado al azar la decisión de esos votantes que, en lo local, optan por el vecinalismo o que apoyan a intendentes que difícilmente puedan incorporarse a Cambiemos.

Para ambos, para vecinalistas y para intendentes como Mario Ishii de José C. Paz o Alejandro Granados, de Ezeiza, es que el gobierno busca implementar un sistema de colectoras, algo de por sí controvertido. En su momento, lo llevó a cabo el kirchnerismo con cuestionamientos severos de quienes hoy forman parte del oficialismo. Como siempre en la Argentina, la amnesia se impone desde el momento en que se alcanza el poder.

Mientras tanto, la feria judicial está a punto de expirar y todo indica que algunas causas sobre delitos de los más conspicuos kirchneristas recuperarán intensidad. 

Por supuesto que se hablará de persecución política, tal como con bastante éxito se habla respecto de Milagro Sala en Jujuy.

Dicho sea de paso, en esa manipulación de la verdad que es el relato K, Milagro Sala aparece casi como una inocente indígena que sufre el ataque de los blancos. Claro, no piensan lo mismo los testigos de cargo quienes conocen de sus aprietes y sus amenazas.

Pero, sin dudas, la reactivación de la causa por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman será la protagonista de un invierno sumamente duro para los k.

Tras conocerse los diálogos cloacales entre Cristina Kirchner y su ex jefe de los espías, Oscar Parrilli, alias “el mayordomo”, el fiscal Guillermo Marijuan presentó una solicitud de investigación sobre la ex presidente por los delitos de abuso de autoridad y falsa denuncia.

Del diálogo cloacal surge la confesión –luego enmendada- de las causas que “le armamos” al espía retirado Jaime Stiuso. Y Parrilli contesta que son “ocho las causas que le hicimos”.

De cualquier forma, el eje central de la cuestión es el encubrimiento que Cristina Kirchner y su ahora silencioso canciller Héctor Timmerman llevaron a cabo para proteger a los iraníes implicados en el atentado a la AMIA.

Y eso, se llama traición a la patria.

Luis Domenianni

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