Menu
RSS

btedicion

La Corte Suprema resolvió no reponer en su puesto al juez Cabral

122 corte suprema argNación - Finalmente la Corte Suprema negó la reposición del juez Cabral para que emita dictamen sobre el cuestionado "memorándum de entendimiento" que ni siquiera fue considerado en Teherán, pero que la Casa Rosada está empeñada en sostenerlo. Una artillería de medidas judiciales fueron activadas por la administración "K" para detener la declaración de inconstitucionalidad del convenio con Irán. Si el "memorándum" cayera, en ámbitos oficiales temen la reactivación de la investigación de Nisman, que fue archivada. Un golpe inaceptable para la presidente Cristina Kirchner. 

La Corte Suprema de Justicia, dio un paso al costado y se abstuvo de resolver sobre el pedido del fiscal Raúl Pleé, y el juez Juan Carlos Gemignani para que el juez subrogante Luis María Cabral vuelva a ocupar su lugar en la sala de la cámara de Casación Penal. En paralelo, el máximo tribunal en materia penal del país resolvió avanzar en las causas en trámite con su nueva integración.

La Corte, dando razón a lo planteado por el Gobierno, consideró que, conforme a numerosos precedentes, no es posible analizar el caso por la vía de superintendencia. "El tribunal no se expide sobre la legitimidad de la subrogancia, ni sobre la constitucionalidad de la ley, porque así lo ha hecho en numerosos casos anteriores y es claro que la superintendencia no es la vía. Ese tema debe ser planteado en una causa judicial", dice el escrito, reproducido por el Centro de Información Judicial.

El texto enfatiza los precedentes en los cuales el cuerpo rechazó intervenir en casos similares por la vía administrativa. "La definición acerca de la legitimidad de las subrogancias o de las leyes sólo puede hacer por vía judicial, ya que es la única manera de respetar los procedimientos vigentes y preservar el derecho de defensa de las partes", indicó.

El pedido de Pleé fue elevado hoy por Juan Carlos Gemignani, presidente de la sala que interviene en la discusión sobre el memorándum. El fiscal sostenía que Cabral debía ser quien fallara por ser el "juez natural" de la sala. La Corte no hizo lugar.

El Gobierno ha tejido múltiples medidas legales que tienen un claro objetivo, sostener la constitucionalidad del "memorándum de entendimiento" con Irán para proteger la situación legal de la presidente Cristina Kirchner, el Canciller Héctor Timerman y otros, pero también a los legisladores oficialistas que lo aprobaron en el Congreso de la Nación.

La inconstitucionalidad del convenio con Irán fue planteada inicialmente por la AMIA y la DAIA, y a travesó distintas etapas judiciales en las que se dictaminó que no se había respetado la Constitución. En su último tramo, luego de sucesivas apelación por parte del Gobierno de Cristina Kirchner, será la Sala I de la Cámara de Casación la que deberá efectuar el dictamen final.

Ante la presunción que la definición de la Cámara sería adversa a las pretensiones oficiales, una resolución tajante de los consejeros oficialistas del Consejo de la Magistratura removió al juez subrogante Luis M. Cabral y designo inmediatamente a otro subrogante, al abogado Claudio Vázquez, integrante de la agrupación "K" Justicia Legitima, ex asesor del ministerio de Justicia, pero no es juez.

La batalla "K" por el control de la Justicia ha cruzado todos los límites. El nuevo escenario del combate por el "memorándum" llegó a la Corte Suprema de Justicia. El juez Gemignani se sumó al pedido del fiscal de Casación, Raúl Pleé, para reclamar que el máximo tribunal defina si corresponde que el juez, desplazado, Luis M. Cabral es el que debe dictaminar sobre el destino del "memorándum". No tuvieron éxito.

El eje de la polémica, está centrado en que prácticamente la suerte del arreglo entre los gobiernos de Argentina e Irán estaba resuelta con los votos de los jueces Gemignani y Cabral, que votarían por la inconstitucionalidad, quedando en soledad la presidente de la Sala, Ana María Figueroa, vinculada al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, que votaría por la constitucionalidad.

La inserción del juez subrogante, Claudio Vázquez, modificaría el resultado, ya que separado el Dr. Cabral, el que ahora quedaría en soledad es el juez Gemignani. Pero en realidad todavía el destino del polémico "memorándum" tendría que a travesar un paso más. Ya que la Amia y la Daia, como querellantes podrían interponer un recurso de apelación y llevar la definición final a la Corte Suprema de Justicia, que se encontraría con que dos tribunales inferiores lo declararon inconstitucional, pero Casación habría efectuado un dictamen adverso. En pocas palabras la resolución llevaría largo tiempo antes que se conozca.

Por su puesto el Gobierno apuró el paso, y lanzó una nueva ofensiva. Se presentó ante la Corte Suprema y reclamó que se rechacen los pedidos del juez Gegminani y el fiscal Plee, para que se defina si el juez Cabral, puede expedirse sobre el acuerdo con Irán, y el verborrágico jefe de Gabinete, Aníbal Fernández consideró que la Corte Suprema debería declarar "inadmisible" al pedido elevado a través del camarista Juan Carlos Gemignani, y el fiscal Plee, al subrayar que las "superintendencias" corresponden a las cámaras de apelación y "no son revisables". La Corte Suprema le dio la razón.

En declaraciones por el canal C5N, el funcionario reiteró que el conjuez "K" Claudio Vázquez tiene "mucha mayor legitimación" que el desplazado subrogante Luis María Cabral, pero no dijo quién presentó el pedido de pronto despacho.

Por otra parte, el gobierno logró que la acción de inconstitucionalidad del juez Cabral para ser repuesto en su cargo de subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal saliera del juzgado de la jueza María José Sarmiento, quien en el 2010 había aceptado un amparo de Martín Redrado para no ser echado de la presidencia del Banco Central.

El Estado recusó a Sarmiento y, de acuerdo a lo que posibilita el Código de Procedimientos, la propia jueza se apartó y envió el expediente a sorteo para que sea designado otro magistrado. Así, el planteo de Cabral quedó ahora en manos del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Esteban Furnari. La causa por sorteo recayó en el nuevo magistrado, quien no podrá ser recusado porque ese derecho sólo puede ser ejercido una vez por las partes.

Mientras tanto, la asociación de Magistrados se reunió ayer para definir los detalles de la marcha que se hará el 7 de julio próximo para apoyar al juez Cabral y para rechazar la embestida del gobierno de Cristina Kirchner contra el Poder Judicial.

En el encuentro estuvieron el presidente de la entidad, el juez Ricardo Recondo, acompañado por los vicepresidentes, el fiscal Ricardo Sáenz, el defensor Gustavo Kollmann, el juez Alejandro Sudera y el ex presidente Miguel Caminos. Al término del encuentro se sumó Cabral, mientras que enviaron su adhesión los precandidatos presidenciales de UNEN Ernesto Sanz y Elisa Carrió.

El encuentro contó con la presencia de representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones Justa Causa, FORES, Será Justicia y abogados PRO. Además, estuvieron legisladores nacionales y referentes de GEN, la UCR, Frente Renovador y PRO, como los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Facundo Moyano, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Pablo Tonelli, Patricia Bullrich y Graciela Camaño. Participaron también referentes políticos como el radical Ricardo Gil Lavedra y el massista Adrián Pérez; el secretario Legal y Técnico del Gobierno porteño, Pablo Clusellas, y los abogados Pablo Lanusse, Mauricio D'Alessandro, Mario Bunge, Máximo Fonrouge y Jorge Enríquez, ex consejero de la Magistratura porteña.

Según se precisó, el plenario definió, no sin discusiones firmes, que la convocatoria debía ser encabezada por la asociación anfitriona, pero debidamente abierta para incluir a los sectores políticos e institucionales que se han venido expresando en oposición a la política judicial, y dirigida a la participación ciudadana.

Pero hasta ahora lo que se ve en superficie es una guerra jurídica en la que el Gobierno intenta copar y controlar la Justicia, que en primera instancia tiene un objetivo claro, evitar que después del 11 de diciembre, los funcionarios de la administración "K" con Cristina Kirchner al frente, tengan que transitar los pasillos de Comodoro Py, donde se estima que hay cerca de 400 causas abiertas que los involucran, algunas de ellas en particular a la Presidente e incluso a miembros de su familia.

Sin embargo, por debajo de todo el alboroto judicial, el tema central que permanece tapado es que hay oculto en el acuerdo, Buenos Aires-Teherán, negociado por el Canciller Timernan, bajo instrucciones de la presidente Cristina Kirchner.

Las acciones realizadas por la Casa Rosada ponen de manifiesto que algo muy grande se negoció. Casi se ha olvidado que el "acuerdo" fue sacado a los empujones por el peso de los legisladores oficialistas que lo votaron en soledad.

El paso de los días llevó al olvido la muerte de fiscal Alberto Nisman, que durante una década investigó el atentado a la AMIA y denunció a Cristina Kirchner, su Canciller Timernan y a otros de haber presuntamente armado un plan criminal para desvincular a Irán del atentado a la mutual judía.

El Gobierno se encargó de licuar la imagen de Nisman, y un minucioso plan de desprestigio fue metódicamente aplicado, pero como si fuera poco, también en el ámbito de la Justicia se operó hasta que finalmente la investigación fue mandada al archivo por el fiscal "K", miembro de Justicia Legítima, Javier de Luca.

El tiempo sigue transcurriendo, y la fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte del fiscal Nisman, sigue sin poder definir como ocurrió, y por supuesto la causa la mantiene bajo la carátula de "Muerte dudosa" y ya casi ha entrado en el olvido un episodio que no solo conmocionó a la Argentina sino que tuvo repercusión internacional.

Y la pregunta sigue sin respuesta, que oculta la administración de Cristina Kirchner en su pacto con Irán, tal vez situaciones inexplicables como los datos ocultos del acuerdo firmado con China, para el emplazamiento de una central de investigación espacial, que ha colocado al norte de la Patagonia Argentina, en la lista de objetivos estratégicos en el caso de un conflicto bélico entre el gigante asiático y potencias occidentales.
Fuente: agencias/www.visionfederal.com

SECCIONES

SUPLEMENTOS

MAS NOTICIAS

CONECTAR CON VISION FEDERAL

  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • RSS
  • Emails Newsletters
  • YouTube